27/07/2010 – Europa Press (Lugo)

El alcalde de Barreiros (Lugo), el popular Alfonso Fuente Parga, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento no demandará por prevaricación a los responsables durante el gobierno bipartito de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).

Fuente Parga avanzó estas intenciones después de que una sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo diera la razón al Ayuntamiento en la concesión de una licencia para la urbanización de 162 viviendas en San Cosme, que el bipartito consideraba que invadía suelo rustico.

“Nosotros desde el Ayuntamiento no vamos a presentar ninguna demanda de prevaricación contra ninguna persona, no contra la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ni contra la gente que estaba antes ahí”, insistió.

En opinión del alcalde, “ése no debe ser el obrar de las administraciones, independientemente de que el bipartito actuó contra el ayuntamiento”. Recordó que la APLU, dirigida por Hipólito Pérez, llegó a presentar una denuncia penal contra la Junta de Gobierno Local.

No obstante, advirtió de que si el promotor de esas viviendas presenta una demanda, “por las perdidas que le pudo ocasionar tener parada la obra o las perdidas que le provocó la no venta”, ahí no tiene “nada que decir”.

“MALA INTERPRETACION”

En cualquier caso, Fuente Parga señaló que “prefiere” pensar que no hubo prevaricación, sino una “mala interpretación o una mala consulta en los planos”.

De este modo, manifestó que confía en que esta primera sentencia favorable a la política urbanística del Ayuntamiento, se vea refrendada por otras también favorables sobre otros contenciosos abiertos por este motivo contra el Consistorio.

Fuente Parga destacó que “en este momento no hay ninguna sentencia de esos contenciosos que versaban sobre la interpretación del suelo urbano consolidado y no consolidado”. “Y esperamos que cuando salga una sentencia, ver como sale y obras en consecuencia”, sentenció.

21/07/2010 - P. Villapol / El Progreso (Barreiros)

El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, considera que la sentencia de la sala número 1 del tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Lugo en la que se reconoce la legalidad de una urbanización en San Cosme viene a refrendar su política en la concesión de licencias para viviendas en su municipio, que subraya que siempre se hizo «con seriedade». Además, interpreta que la sentencia viene a demostrar de modo indirecto su tesis de que el Gobierno bipartito de la Xunta propició una intervención política en Barreiros sólo por tener un gobierno del Partido Popular.

Fuente Parga recordó que él como alcalde y su equipo de gobierno siempre fueron «estrictos» en la concesión de licencias y matiza que la sentencia que autoriza una urbanización en San Cosme la emitió el Contencioso-Administrativo de Lugo y no la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), como por error publicó este miércoles este diario.

En referencia a dicha sentencia, recuerda que versa sobre una urbanización a la que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) con su anterior equipo  al frente del cual estaba Hipólito López había abierto un expediente que llevaba aparejado la paralización de las obras e incluso una orden de derribo. El promotor recurrió y el tribunal le dio la razón. El regidor indica que además de ese expediente, el anterior equipo de la Aplu abrió varios más.

No obstante, Alfonso Fuente señala que en la sentencia se dice claramente que los inspectores superpusieron planos que no se podían emplear «do modo en que o fixeron porque non estaban á mesma escala».  Añade que uno de los planos «falaba sobre a clasificación do solo e outro sobre a calificación, e entón eso non era o correcto. Nós sempre mativemos que fomos todo o estrictos que tiñamos que ser en canto ao cumprimento da normativa. Esta sentencia ven aclarar un pouco máis o que o Concello veu mantendo neste tempo». 

Acoso
El regidor indicó también que bajo su punto de vista se va aclarando que con el Gobierno de PSOE y BNG en la Xunta hubo una persecución política hacia su gobierno municipal «por ser do Partido Popular».

Dice que esto se va corroborando «coas sentencias, porque se ve que se atacou a este Concello só porque aquí gobernaba o PP e quixeron centrar os focos de atención sobre Barreiros», un objetivo que asegura que se persiguió «de calquera forma para poder intervir».

Considera Fuente Parga que eso se llevó a cabo de un modo jurídicamente dudoso «e agora pasa o que pasa».

El alcalde barreirense se congratula de que vayan saliendo estas sentencias porque entiende que «con elas vamos vendo a luz» en diferentes cuestiones y además dice confiar en que «co paso do tempo quede moi claro que a intervención feita no Concello de Barreiros era estrictamente política» y que nunca estuvo basada en cuestiones de carácter técnico tal y como pretendió dar a entender la Consellería dirigida entonces por María José Caride.

A pesar de esta sentencia, los constructores continúan muy preocupados y molestos por la actitud de la Xunta al no retirar las medidas cautelares desprendidas de los recursos presentados por el bipartito. Consideran que eso es algo prioritario para poder asumir sus compromisos de venta, reflotar el sector y salvar a muchas empresas  en peligro.

El alcalde del municipio insiste en que existió una intervención política en Barreiros por parte del bipartito de la Xunta

Jacob Alonso – 21-07-2010   http://www.cope.es/de-la-costa/barreiros

O alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, asegura que o seu equipo sempre foi estricto na concesión de licencias para a construcción de vivendas no seu municipio. Fuente Parga insiste en que houbo unhaintervención política en Barreiros por parte do bipartito na Xunta.

Sobre a sentencia que trascendía nas últimas horas e que ve legais máis dun cento de pisos en Barreiros, o rexedor fixo esta mañá unha corrección “dado que a sentencia non é do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia senón que é da Audiencia Provincial. Versa sobre a construcción de 162 vivendas sobre as que aAxencia da Legalidade Urbanística decía que se concedera licencia en suelo rústico tanto neste caso como noutros varios”.

Alfonso Fuente sinala que “a sentencia di que os inspectores superpuxeron planos que non se podían empregar deste xeito porque non estaban á mesma escala e un falaba sobre a clasificación do suelo e outro sobre a calificación e entón eso non era o correcto. Nós sempre mativemos que fomos todo o estrictos que tiñamos que ser en canto ao cumprimento da normativa. Esta sentencia ven aclarar un pouco máis o que o Concello veu mantendo neste tempo”.

O alcalde barreirense insiste en que “o que houbo en todo esto e así o corroboran as sentencias foi unha intervención política, se atacou a este Concello porque aquí gobernaba o PP e na Xunta estaba o bipartito, se centraron os focos de atención sobre Barreiros, se buscou calquera forma, punto ou coma para poder intervir e agora pasa o que pasa. Estamos vendo a luz sobre estas cuestións e conto que co paso do tempo quede moi claro que a intervención era política e que estaba sen fundamentar en cuestións técnicas”.

Las afectadas dicen que el anterior alcalde aseguro que eran legales y añaden que todas las viviendas de  la zona estan en la misma situacion

c.l.f. burela@elprogreso.es BARREIROS.

Dos hermanas de Oviedo con segunda residencia en Sabugueiro, en Barreiros, recibieron una orden de la Xunta de Galicia para desmontar sus casas de madera de forma inmediata, con una penalización de 8.400 euros a cada una por considerar una «falta gravísima al suelo» el hecho de que ocupan terreno rústico y de que sean desmontables. «Dicen que nos podemos lucrar con ellas por ser movibles», lamentan.

Las afectadas, Purificación y Ángeles Jara Monroy, denuncian que Urbanismo impone la sanción «sin dar opción a ir al contencioso ». «Nos juzga una inspectora», critican, que fija como fecha límite el 1 de agosto para derribar las viviendas. Superada esa fecha la cuantía a pagar asciende a 12.400 euros, y en caso de que tardaran más allá del 1 de septiembre, la multa supondría 90.000 euros, aseguran. Al pago de la sanción se une la condición de que han de dejar las fincas en campo, lo que sumado al desmonte de las estructuras calculan que supondrá más de 12.000 euros adicionales.

Las hermanas recuerdan que antes de construir las casas, en 2004 y 2006, el anterior alcalde de Barreiros, Luis Fraga, las instó a comprar tres fincas para tener superficie suficiente, envió a un topógrafo y aseguró que cumplían la legalidad. Además, cuentan con los servicios de alcantarillado, luz y agua y pagan la contribución urbana por bienes inmuebles.

Purificación Jara envió un escrito —sin respuesta— al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, en el que suplica que revise el expediente y conceda un plazo más amplio para vender la casa o desmontarla, posibilidad que desechó Urbanismo. «Dijeron que si queríamos más tiempo teníamos que pagar más multa».

Por otra parte ven un «trato de favor hacia los gallegos» en el hecho de que sólo ellas tengan que derribar sus casas cuando «todas las de la zona están en terreno rústico, incluso las nuevas que se están construyendo».

Ángeles Jara empezó ya a desmontar su casa y señala que, a pesar de llevar 30 años veraneando en Barreiros, no volverá «jamás» a Galicia.

Localidad: barreiros/La Voz.

Fecha de publicación: 17/7/2010

La Audiencia Provincial de Lugo ha fallado a favor de un promotor que ejecutó una urbanización en Barreiros, tras ser denunciado por la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) al considerar que una pequeña parte de las obras habían invadido suelo rústico. La APLU tomó como referencia los planos de escala 1/2000 para formular su denuncia y en el fallo se viene a decir que esta escala no es la correcta sino, como se sostiene desde el Ayuntamiento, una más precisa. Al elevarla a 1/5000 se aprecia que la obra no invadió suelo rústico, sino que se ejecutó integramente en suelo urbano, tal y como constaba en la licencia otorgada en su día por el Ayuntamiento. La APLU había ordenado paralizar cautelarmente las obras en la zona afectada.

Localidad: barreiros / la voz.

Fecha de publicación: 11/7/2010

Para Antonio Veiga, portavoz del BNG en Barreiros, las últimas informaciones sobre el conflicto urbanístico local «están creando un clima de confusión, en casos intencionado».

Por una parte, dice que la Xunta «non ten claro aínda se vai avalar xuridicamente a retirada dos contenciosos; por outro lado, hai declaracións contradictorias entre Xunta, Concello e promotores e, por outro máis, o debate estáse a centrar en asuntos tan pouco relevantes como quen denunciou ou a debatir como se instrúe un expediente informativo». Por esas y otras razones, el Bloque pedirá información sobre el caso en el próximo pleno.

Pide que el PSOE aclare en el Parlamento la actuación de los inspectores

Localidad: ribadeo/La voz.

Fecha de publicación: 10/7/2010

El PP reaccionó ayer de inmediato tras desvelar La Voz que inspectores de la Xunta, durante el pasado mandato del gobierno bipartito (PSOE-BNG), tumbaron obras en Barreiros que no habían visitado. Sus informes fueron la base de los contenciosos que la Xunta presentó para anular las licencias. Ayer por la mañana, el PP presentó en el Parlamento gallego una serie de iniciativas para que se aclare lo ocurrido.

El diputado autonómico José Manuel Balseiro apuntó que este proceder «cando menos pouco riguroso, por non chamalo directamente irregular permite sospeitar que estamos ante un caso claro de dirixismo político». El PP, recogiendo la información de La Voz sobre los testimonios de técnicos y ex técnicos de la Xunta en el juzgado de Mondoñedo, dice que fue el director xeral de Urbanismo del bipartito, Ramón Lueje, «quen ordenou o inicio das actividades inspectoras en Barreiros e mentres que as primeiras visitas ao concello tiveron lugar no ano 2008, a inmensa maioría dos recursos contra as licenzas neste municipio lucense foron realizadas con anterioridade a esta data».

Los testimonios en el juzgado le valen al PP para argumentar su tesis de que la intervención en el urbanismo de Barreiros durante el pasado mandato fue dirigida políticamente: «Estes feitos veñen a por de relevo que o proceder dos altos responsables da Administración autonómica na pasada lexislatura estaba baseado máis en criterios de oportunidade e persecución política que en fundamentos técnicos», señala el PP.

Comportamiento caciquil

Balseiro quiere que la anterior conselleira de Política Territorial y actual diputada del PSOE, María José Caride, dé las explicaciones oportunas en el Parlamento. Sin escatimar críticas, calificó de «comportamento inaceptable e caciquil, que o bipartito empregara os servizos de inspección urbanística da Xunta como arma de confrontación institucional».

En los últimos días han declarado en el juzgado de Mondoñedo una ex subinspectora, la actual jefa del Servicio de Inspección Urbanística de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), una inspectora y el ex director de la APLU. Lo hicieron en las diligencias previas que se instruyen a raíz de una denuncia del fiscal provincial contra el alcalde, Alfonso Fuente (PP), los tres concejales que formaban la comisión de gobierno en el año 2006 y la arquitecta municipal. Les acusa de un supuesto delito de prevaricación urbanística en la concesión de 44 licencias. Los técnicos reconocieron que no habían visitado Barreiros cuando emitieron los informes, pero sí lo hicieron después y se ratifican en su contenido, al considerar que las licencias son irregulares por concederse en terrenos que no reunían las condiciones de solar porque carecían de los precisos necesarios.

Testificaron en el juzgado en la causa contra el alcalde, tres ediles y la arquitecta

Localidad: ribadeo/La voz.  http://www.lavozdegalicia.es/amarina/index.htm

Fecha de publicación: 9/7/2010

El anterior gobierno en la Xunta (PSOE-BNG) ordenó al Concello de Barreiros parar obras y anular licencias basándose en informes de técnicos que no las habían visitado y comprobado en el terreno la veracidad de los datos que figuraban en los expedientes. Ocurrió con buena parte del medio centenar de licencias cuya anulación la Xunta reclamó en el juzgado, con contenciosos que ahora intenta paralizar y dejar sin efecto el gobierno actual.

Así se desprende de las declaraciones realizadas en los últimos días en el juzgado número 1 de Mondoñedo, en el procedimiento de diligencias previas abierto a raíz de una denuncia del fiscal provincial por un presunto delito de prevaricación urbanística contra el alcalde, Alfonso Fuente (PP), los tres concejales de la comisión de gobierno en el año 2006 y la arquitecta municipal.

La pasada semana declaró una ex subinspectora urbanística. Lo hizo a instancias del fiscal, es decir, de la acusación, y manifestó que una vez le daban los informes municipales de la licencia elaboraba uno técnico. Lo hizo sin haber estado nunca en Barreiros y sin ver los planos de los proyectos, basándose en fotografías y en las normas subsidiarias, llegando a la conclusión de que la urbanización del suelo donde se concedía las licencias para edificar no estaba consolidada.

También reconoció que para emitir los informes no comprobó personalmente los servicios de los que disponían las parcelas, pues se basaba en los informes municipales, de la secretaria y la arquitecta municipal.

Dado el tiempo transcurrido (el fiscal denuncia la concesión de 44 licencias en el año 2006 para construir más de 3.100 viviendas) la ex subinspectora urbanística incurre en ciertas imprecisiones, pero en cualquier caso ante el juez se ratificó en los informes que hizo.

Esta semana continuó la toma de declaraciones, con María Eugenia Deus Beltrán e Iria Alfonsín Coejo, que en el pasado mandato del bipartito en la Xunta tuvieron cargos de responsabilidad como inspectora de Urbanismo y jefa del Servicio de Urbanismo, respectivamente.

La primera explicó que su función fue analizar la información de los expedientes -unas 30 licencias de las 44 objeto de la denuncia- y comprobar si estaban adaptados a la normativa municipal y a la legislación en vigor desde el punto de vista técnico. Para ello se basaba en los informes que enviaba el Ayuntamiento, ortofotos del SIXPA de 2002 y 2003 y del PNOA 2007, los informes técnicos de los subinspectores urbanísticos, etcétera. Como el resto de testigos, ante el juez se ratificó en sus informes y dijo que en la primera visita que realizó a Barreiros, en noviembre de 2008, le sorprendió para mal lo que allí observó: «Que vio más deficitarios los viarios, más evidente la carencia de servicios, mucho más rural, percibía que era muy poco urbano, en relación con la documentación que había realizado anteriormente».

Añadió que cuando hizo los informes no pudo contrastar la existencia de servicios básicos porque no había visitado el terreno, pero se basó en la información de la que disponía, que eran informes de los subinspectores que constataban la inexistencia de saneamiento y otros servicios.

Iria Alfonsín, que en la actualidad es jefa del Servicio de Inspección Urbanística de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), explicó que su función en relación con las 44 licencias objeto de la denuncia consistió en revisar de oficio las que el Ayuntamiento había concedido con informes desfavorables de la secretaria municipal (la acusación sostiene que todas, mientras la defensa dice que solo dos). Alfonsín apuntó que fue el anterior director general de Urbanismo, Ramón Lueje, quien ordenó el inicio de las actividades inspectoras en Barreiros y que, si bien su primera visita al municipio se produjo en torno a noviembre de 2008, la mayoría de propuestas de interposición del recurso administrativo contra las licencias fueron anteriores a esa fecha.

Se ratifican

No obstante, hay que incidir que en sus declaraciones ante el juez, y con los nuevos datos que disponen tras las visitas a Barreiros, los técnicos continúan manteniendo que las licencias de obra de edificios fueron otorgadas en suelo no consolidado, que no cumplía las condiciones de solar por la falta de servicios.

El miércoles quien declaró fue la secretaria municipal, María Antonia Martínez, durante seis horas.

Fecha de publicación: 9/7/2010  http://www.lavozdegalicia.es/amarina/index.htm  

Un testigo que parece clave en este caso es el anterior presidente de la APLU, Hipólito Pérez. Declaró la pasada semana. A él apuntaron algunos de los acusados como instigador de la denuncia, actuando en represalia por haber sido cesado por el actual presidente de la Xunta. De hecho, la denuncia se conoció a finales del año 2009, cuando las supuestas licencias irregulares se concedieron en el año 2006 y ya desde entonces Hipólito Pérez era plenamente consciente de ello. El abogado de la defensa le preguntó por qué no lo había denunciado antes, a lo que Pérez contestó que fue la fiscalía quien le pidió los expedientes a la APLU y no al revés, siéndoles entregados a finales del pasado año. En ese momento aseguró que no tenía constancia de que iba a ser cesado.

Por lo demás, defendió su actuación y gestión, incidiendo en que en el año 2006 el Ayuntamiento no disponía de una malla urbana suficiente para hacer frente a la concesión de las 44 licencias que han dado pie a este proceso judicial. Habló de numerosas irregularidades y reconoció que la Xunta decidió impugnar las licencias en el año 2008 al ver los informes de los técnicos -parte de los cuales declararon que no habían estado en Barreiros antes de hacerlos-.

La portavoz de Ordenación Territorial y Urbanismo insiste en que los documentos solicitados no son confidenciales y que no se puede negar al Parlamento su función de control sobre el Gobierno.

Jacob Alonso – 08-07-2010  http://www.cope.es/de-la-costa/barreiros

O Grupo Parlamentario Socialista  anunciou que esixirá, mediante unha iniciativa parlamentaria, á Presidenta do Parlamento que inste á Xunta a darnos a toda a información solicitada do Expediente Urbanístico de Barreiros.  A portavoz de Ordenación Territorial e Urbanismo Mar Barcon fixo esta afirmación tras ser denegada a información sobre este asunto ao socialistas galegos. 

A portavoz socialista cualifica de “sorprendente” o argumento dado pola Xunta sobre este asunto, xa que a admininistracion autonomica sinalan que esta información “cualificase como información  reservada”. Neste punto lembrou que o propio Conselleiro de Presidencia Alfonso Rueda entregou una Cámara Autonómica informes da Asesoría Xurídica en varias das súas comparecencias. E sinala tamén que o propio Feijoo entregou un documento similar para defender o cumprimento da paridade no Goberno da Xunta. 

Mar Barcon advirte que “ningún dos documentos solicitados poden ser considerados confidenciais”, e insiste “e moito menos se pode impedir ao Parlamento e aos seus deputados levar adiante a súa labor de control ao Goberno Autonómico”, aseverou. 

A portavoz socialista afirma que “o Goberno de Feijoo tenta tapar cun cortina de fume espesa os acordos que alcanzou no Concello de Barreiros, consciente da alarma xeral creada”, e prosigue “e que en moitos casos raian na ilegalidade”, sentenciou 

A dirixente socialista dixo que dende o PSdeG-PSOE “seguiremos denunciando a utilización dos investimentos públicos da Xunta para solventar un autentico disparate urbanístico no Concello lucense de Barreiros”, levado adiante por un goberno municipal a do PP. Lembra ademais que o diñeiro publico invertido en Servicios, nesta localidade, tiña que estar posto en marcha polas empresas responsables. 

Por ultimo aludiu ás responsabilidades de Feijoo neste asunto “non entendemos que dende o PP, a día de hoxe, non se esixan responsabilidades políticas a un Alcalde que esta pendente dos Tribunais de Xustiza, e que puxo en perigos os intereses dos interese dos veciños de Barreiros”, concluíu.